Ministro chileno de Justicia observa avances en histórica búsqueda de desaparecidos
"La democracia la sustenta el respeto por los derechos humanos, por el otro, la valoración de su vida e integridad. Por lo mismo, el Plan Nacional de Búsqueda debe ser una política permanente de...
"La democracia la sustenta el respeto por los derechos humanos, por el otro, la valoración de su vida e integridad. Por lo mismo, el Plan Nacional de Búsqueda debe ser una política permanente del Estado", señaló Gajardo luego de inspeccionar junto a la magistrada a cargo del caso, Marianela Cifuentes, las diligencias llevadas a cabo por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML), apoyadas con recursos de esta inédita política chilena.
"Durante la dictadura militar no solo no se respetó el valor por el otro, sino que se atropellaron los derechos humanos de forma horrorosa. Para que esto no vuelva a ocurrir necesitamos saber toda la verdad, saber qué ocurrió y que se investigue todo lo que haya que investigar, ese es el valor de este plan", subrayó el ministro, que ya ha visitado otros sitios de búsqueda en el país ubicados en Valparaíso, en el litoral central, y Tocopilla, en el norte.
El sitio indagado, un predio de más de 1.200 hectáreas cuyas zonas de interés fueron acotadas por especialistas forenses, equipos policiales y técnicos, ha sido apuntado por numerosos testigos y sobrevivientes como un 'cementerio clandestino' que operó durante los meses posteriores al golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende (1970-1973).
En estas inmediaciones, donde aún se instruye a personal militar de infantería del Ejército chileno, se han realizado diversas pericias policiales y forenses, incluyendo la revisión de fotografías aéreas, prospecciones con georradar -capaz de detectar anomalías a cuatro metros de profundidad- y últimamente excavaciones en puntos de interés.
Las investigaciones judiciales en el sector, dominado por un seco promontorio de poco menos de 1.000 metros de altura, empezaron a moverse con más fuerza poco después de que en noviembre de 2023 se presentara una querella por la inhumación y exhumación ilegal de Manuel Silva Carreño, obrero agrícola detenido en la localidad de Paine que se vio con vida por última vez en Chena.
La inédita política de búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante el régimen pinochetista, impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric, busca esclarecer el destino de los desaparecidos, que se calculan en torno a las 1.469 personas, de las que solo se han encontrado 307.
