El director jurídico del IPS, José González, confirmó que, si bien históricamente la previsional nunca denunció las evasiones, decidió que este es el momento de hacerlo, a los efectos de sentar precedentes y defender los derechos de los trabajadores.

Una de las empresas recientemente verificadas tiene una deuda superior a los 20.000 millones de guaraníes, según se pudo constatar en un contraste entre la liquidación de salario y el aporte obrero patronal, en conjunto con el Ministerio del Trabajo.

El pasivo corresponde a lo acumulado desde el año 2012 hasta el 2020, año que se confirmó la sentencia de pago. Los afectados ofrecieron cuatro inmuebles y el desembolso en cuotas, sin embargo, hasta hoy no soltaron un solo guaraní.

“Esto vulnera derechos fundamentales como la salud y la jubilación, llegado el momento, no pueden acceder a esto”, explicó el doctor González, en un contacto con radio Universo 970 AM-Nación Media. Detalló que, como mínimo, son 50 las empresas que incurrieron en estas prácticas.

Desde el 2016 hay una ley que castiga con pena privativa de uno a cinco años, pudiendo agravarse hasta 10 años. Del total de firmas identificadas, las primeras tres ya fueron denunciadas y sus propietarios se exponen a las consecuencias penales de esta legislación.

En cuanto a las demás, se hará el mismo procedimiento a medida que se tengan las planillas verificadas con el Ministerio del Trabajo. Dueños de hoteles, cafeterías y otros locales gastronómicos figuran en la nómina.