En el punto cuatro del orden del día de la sesión ordinaria convocada para las 10:00 de la mañana, figura el proyecto de ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas paraguayas naturales o naturalizadas, adultas mayores en situación de pobreza.

Quienes hayan cumplido 60 años de edad adquirirán el beneficio de la pensión no contributiva, a fin de garantizar la adquisición de víveres diarios, por un valor no menor a la mitad del salario mínimo vigente y bajo ciertas condiciones, considerando que la legislación apunta a personas de escasos recursos.

Sin embargo, la incorporación no será automática. Los interesados tendrán que inscribirse en sus municipalidades o distritos, cuyas autoridades gestionarán el pedido ante el Ministerio de Economía, que definirá en un plazo de 30 días si el candidato cumple los requisitos.

No podrán ser beneficiados quienes reciban remuneración del sector público o privado, sea sueldo, jubilación, pensión del IPS y quienes contribuyan al Impuesto a la Renta Personal. Además, quienes en el IVA declaren ingresos superiores a dos salario mínimos mensuales o cuenten con más de 30 cabezas de ganado o quienes reciban una pensión graciable del Congreso.

El proyecto crea el Fondo de Pensión Alimentaria para personas adultas mayores y será financiado con los recursos que ingresan al fisco a través de impuestos como el Selectivo al Consumo de Bebidas Alcohólicas y Azucaradas y otros tributos.

En el caso de los paraguayos naturalizados, se les exigirá al menos cinco años de residencia ininterrumpida, mientras que, a los extranjeros, 30 años de residencia permanente.

Unos 310.000 adultos mayores reciben hoy la pensión alimentaria, pero según estimaciones expuestas por algunos legisladores que trabajan en este y otros proyectos similares, se necesitaría la incorporación de otros 170.000.